Juana Rivas Víctima por Protección Maternal

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha sido obligada por una resolución judicial a entregar sus dos hijos de 3 y 11 años a su padre, ha abandonado su casa y puesto rumbo desconocido junto a los dos menores para evitar que el padre, que ha cumplido 3 meses  de condena por maltrato, se los lleve a Italia. Fuentes cercanas a la familia han confirmado a este diario que, desde el martes 25 de julio del 2017 por la noche, los tres se encuentran en paradero desconocido. El miércoles 26 de julio, a las 16.30 horas y en cumplimiento de una resolución judicial, Juana Rivas debía haber entregado a sus dos niños a su padre, Francesco Arcuri, para que los tres volvieran a Italia. Arcuri esperó media hora en el punto de encuentro y se marchó tras constatar la ausencia de la mujer y los niños.
En Italia estaba el último domicilio familiar donde convivieron padre, madre y los dos hijos y es el lugar de donde, según María del Carmen Siles Ortega, juez titular del Juzgado 1ª Instancia número 3 de Familia de Granada, la madre sacó ilícitamente a los hijos sin el consentimiento del padre.  Para el jueves 27 de julio, el equipo que asesora a Rivas presentó un recurso de amparo ante el tribunal.

La abogada de Juana Rivas y Paqui Granados, directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena y asesora de Rivas, mantuvieron reuniones de algo más de dos horas y media con la fiscal de familia que lleva el caso en un último intento de evitar la entrega. La reunión, no obstante, no tuvo éxito. A la salida de ella, Granados se ha referido a la “falta de humanidad” de la fiscal y a la inutilidad de la reunión, según ella, “desde el primer minuto, porque no había interés en hacer nada por los menores”.

Condena por violencia machista

El caso de Juana Rivas se remonta a 12 años atrás, al año 2005. Entonces, en Londres, Juana Rivas y Francesco Arturi comenzaron una relación de la que nació, ya con la pareja en Maracena, el primer hijo, que hoy tiene 11 años. Casi desde el principio, cuenta Granados, la relación comenzó a deteriorarse. En 2009, Juana denunció a su marido por violencia de género y éste fue condenado a tres meses de cárcel (que no tuvo que cumplir) y a un año de alejamiento de Rivas. Años después, cuenta Granados, las circunstancias unieron de nuevo a la pareja y a los hijos en la residencia del padre, en la isla de Carloflore, al sur de Cerdeña. Allí, según la versión de la asesora de Rivas, la vida para ella era “una vida de esclava, alejada de todo contacto social y trabajando todo el día en un hotel rural que regentaban a ocho kilómetros de la localidad más cercana y a tres horas en ferry del juzgado más próximo”. El resultado de esa experiencia es que, al final del curso escolar 2016, la pareja acuerda —”con dificultades”, asegura Granados-— permitir que la madre y los dos menores regresen a España durante el verano. Desde entonces, los menores no han regresado a su residencia italiana, lo que realmente es el núcleo de todo el conflicto judicial actual.

Al llegar a Maracena, Juana Rivas pidió consejo sobre su situación y denunció a su pareja por violencia de género. El juzgado desoyó la denuncia alegando que es algo que debe remitirse a la justicia italiana. La asesora apeló y consiguió que la Fiscalía ordenase que sea el juzgado el que haga valer la denuncia española ante un juzgado italiano.

De eso, cuenta Granados, hace ya casi seis meses y aún no se ha dado traslado a Italia. Mientras, el padre reclamó judicialmente a sus hijos. Esas son, precisamente, las dos vías que en la actualidad se enfrentan en los tribunales: por una parte, la denuncia de la madre por violencia de género, totalmente parada, y por otra, la reclamación del padre para que los niños le sean reintegrados y puedan volver al hogar paterno, que esta sí, explica sorprendida la asesora de Rivas, “va a toda velocidad y siempre a favor del padre y en contra de los intereses de los dos menores,lo que supone un alto riesgo y desprotección”.

Por su parte, el abogado del padre, Adolfo Alonso, considera que “hay dos sentencias con todas las garantías legales y constitucionales, en primera y segunda instancia, en la que por aplicación de un convenio internacional sobre traslado ilícito de menores, se considera que existió ese traslado ilícito por parte de la madre y se considera que no hay excepción alguna por la cual los niños no puedan volver a Italia”. “Esto tiene un problema de base”,la madre hizo cosas que no debió haberlas hecho: secuestrar a sus hijos para traerlos a España”. Según el abogado, los niños tendrán que volver a Italia y allí, “la madre podrá pedir la custodia de los niños y, en su caso, solicitar una autorización judicial en Italia para traerlos a España”. Para Alonso, la sentencia por violencia de género de 2009 es irrelevante al caso porque “lo importante en este momento no es si ha ocurrido algo entre el padre y la madre, sino si ha ocurrido algo entre el padre y los niños y no lo ha habido”.

Ese es, precisamente, uno de los argumentos en los que la defensa de Juana Rivas se apoya. Para ellas, existe causa para que los niños no sean entregados a su padre porque explican que, según el Convenio de Estambul, “el niño se considera víctima de violencia de género solo por haber sido testigo de esa misma violencia, sin necesidad de padecerla en primera persona”. Este y algunos otros argumentos judiciales y humanos son los que se incorporan al recurso de amparo y que mantienen viva la esperanza en Juana Rivas y a su equipo de asesoras legales de que los dos niños puedan continuar en España junto a su madre.

La jornada posterior a la incomparecencia de Juana Rivas estuvo llena de adhesiones y muestras de solidaridad.La presidenta de la Junta de Andalucía explicó que desde la Junta van a proporcionar asistencia jurídica a Juana Rivas para pedir la suspensión del régimen de visitas de sus hijos. Por su parte, María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales anunció que el Gobierno andaluz se personará en el proceso para, sobre la base de los informes con los que cuenta, solicitar las medidas cautelares de protección de menores que aparecen en el artículo 158 del código civil.

También las redes sociales tomaron partida mayoritaria por Juana Rivas y sus dos hijos. #YosoyJuana o #Estáenmicasa sirvieron de apoyo todo el día a la familia. Desde el jueves 27 de julio, el movimiento de apoyo a Juana Rivas ha convocado a que todas las familias de Maracena que quieran pongan en sus casas carteles de “Juana Rivas está en mi casa”.

Juana Rivas, permaneció ilocalizable desde el 26 de julio del 2017 tras no entregar sus hijos al padre, condenado en el 2009 por maltrato familiar, se entregó el martes 22 de agosto, compareció en la sede judicial, donde fue detenida inmediatamente. Tras prestar declaración, la fiscalía solicitó prisión provisional, comunicada y sin fianza para ella, pero el juez decretó libertad provisional, por lo que Juana Rivas abandonó el juzgado en libertad. A las puertas, explicó que volvía a casa con sus dos hijos, con los que vivió todos estos días en un entorno rural de la provincia de Granada.
"No me voy a la cárcel, me voy a casa con mis niños y vamos a seguir peleando", anunció, además de felicitarse por haber encontrado "un juez humano, un ser humano que me ha escuchado porque quería que escuchara lo que estaba pasando". 
Juana llegó a las dependencias judiciales pasadas las 11 horas sin sus hijos. Su asesora, en declaraciones a los medios a las puertas de la sede judicial granadina, no quiso dar información sobre el paradero de los niños, de 3 y 11 años. Rivas fue recibida a su llegada con el apoyo de los participantes en una concentración promovida delante de los juzgados de La Caleta por la plataforma en su defensa a través de las redes sociales. Todos somos Juana", "Un maltratador no es un buen padre", "Frente a los maltratadores, protección a los menores", "Nos tocan a una, nos tocan a todas", fueron algunas de las consignas escuchadas en el lugar.
La juez dictó medidas cautelares para que no pueda sacar a los niños del espacio Schengen. La magistrada ratificó así la orden de que entregue a sus hijos a su padre y de que los menores no puedan abandonar ni España ni Italia sin la autorización de su padre o del juzgado, una medida que busca evitar que pueda llevarse a los niños a otro país.

 Juana Rivas trasladó ante el juzgado que su hijo mayor pueda ser escuchado. La directora del Centro Municipal de Maracena, que asesoró a Rivas en el proceso confirmó que Rivas accedió a la sede judicial de La Caleta en un vehículo policial porque el juzgado así lo estimó "oportuno".
 Juana Rivas, tras estar en paradero desconocido desde el 26 de julio del 2017,  valoró la situación judicial y  consideró que finalmente debía comparecer "porque, para ella, por encima de todo está la protección de sus hijos".
Según su asesora, Rivas siempre mantuvo la confianza en el sistema judicial español y lo que quiso es que el juzgado la escuchara y le diera el tiempo necesario para exponer la situación de sus hijos y aportar la correspondiente documentación. Juana no es una prófuga, no va a huir de la justicia", sentenció la también directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena.