A las 23.30 horas, la niña, que acababa de cumplir tres años, estaba comiendo un helado junto a sus padres mientras jugaba con los primos. Su tío Paco la vio con el chupete puesto cuando todos se levantaron para despedirse mientras la abuela iba a la barra a pagar la cena. Al volver, Lucía ya no estaba entre ellos.
Una de las tres cámaras de seguridad que hay en la estación captó a la menor a las 23:34 horas del 26 de julio. La niña permanece 12 segundos en el plano del vídeo. Va corriendo sola hacia la oscuridad, pero al final se frena y comienza a andar justo antes de desaparecer tras la caseta que da paso a las vías, en dirección a Álora.
El cuerpo de Lucía fue hallado a la mañana siguiente. El maquinista del primer cercanías de la jornada observó, en el recorrido de ida hacia Álora, « un bulto oscuro pegado a una curva a la izquierda dentro de las vías del tren«. Estaba inmóvil. Según declaró, se lo encontró «de repente» y lo primero que pensó es que podía tratarse de algún animal arrollado.
Llegó a Álora a las 6.47 horas y emprendió el viaje de vuelta. A las 6.51, al pasar por el mismo tramo, se fijó con atención. Vio que el bulto que había observado anteriormente «tenía algo de color, como de ropa», lo que le llevó a descartar que fuese un animal y accionó los frenos de emergencia. Sabía que había gente junto a las vías buscando a una menor.
El tren recorrió unos 300 metros debido a la inercia que llevaba, por lo que volvió a sobrepasar el «bulto» que decía haber visto el maquinista. Bloqueó las salidas, caminó hasta la cabina de cola y descendió del convoy. Al acercarse a unos metros, descubrió que era la niña. Estaba a 4.200 metros del bar de la estación de Pizarra, donde la noche anterior fue vista por última vez.
La Guardia Civil se mantuvo en la primera hipótesis que, apenas un par de horas después del hallazgo del cuerpo, anunció públicamente el capitán de la compañía de Coín: Lucía Vivar anduvo por las vías y fue arrollada por el tren.
Para los padres, para muchos vecinos del lugar y para algunos investigadores del caso, las pesquisas policiales nunca terminaron de apuntalar esta teoría, si bien tampoco se encontró indicio alguno de criminalidad. A finales de junio de 2018, justo 11 meses después del fallecimiento de la niña, la jueza archivó el caso, a instancias del fiscal, al no quedar «suficientemente acreditado» que los hechos fuesen «constitutivos de un delito de asesinato».
La familia recurrió el archivo y batalló en dos direcciones. La primera es una pregunta a la que aún no han encontrado una respuesta que les permita descansar: ¿por qué no se interrumpió el servicio ferroviario hasta, al menos, haber buscado a su hija en las vías del tren con las luces del día? En agosto de 2018, los padres presentaron una denuncia contra la Guardia Civil, Adif y Renfe por un posible delito de homicidio imprudente por omisión.
La segunda es más una convicción: la muerte de Lucía no fue un accidente, sino un homicidio. En febrero de 2019 recibieron un nuevo varapalo judicial con la confirmación del sobreseimiento de ambas vías de investigación penal –la de la causa de la muerte y la de la denuncia por homicidio imprudente– por parte de la Audiencia.
Entre tanto, la familia, ayudada por amigos y vecinos del Guadalhorce, ha recogido 127.000 firmas que han entregado en el juzgado pidiendo la reapertura del caso. «Somos conscientes de que eso no va a servir para reabrir nada, pero espero que al menos sirva para remover la conciencia a alguno», afirma Antonio Vivar.
Ahora bajo la dirección del abogado Marcos García Montes, que tomó el relevo de la letrada Ana Belén Ordóñez, han encargado una investigación paralela lo más completa posible para revisar el caso y también las pesquisas practicadas hasta la fecha para esclarecer el fallecimiento de Lucía.
La pericial forense la ha realizado Luis Frontela, que alcanzó cierta notoriedad mediática por sus teorías sobre el crimen de Alcàsser. Por otra parte, una criminóloga malagueña y otro con despacho en Madrid han confeccionado un informe que, apoyado en los hallazgos de Frontela, concluye que la muerte de Lucía fue un homicidio, según explica el abogado.
García Montes asegura que en la revisión del caso se han detectado «diligencias de investigación que no se han hecho» y otras que, si bien se practicaron, «no se hicieron con criterios científicos». El letrado recuerda que en la autopsia se hallaron restos de comida que indicarían que no hizo la digestión, algo a su juicio incompatible con la teoría oficial, que apunta a que el óbito se produjo siete horas después de la desaparición.
Además, avanza que Frontela ha señalado en su informe que existirían «lesiones antemortem», además de otros claroscuros del caso, que «se enfocó desde el primer día como un accidente», cuando a su juicio pudo haber otras circunstancias. «La conclusión a la que podemos llegar a día de hoy, en base a este nuevo informe, es que fue un homicidio sin autor conocido, a menos que en el futuro aparezca un testigo o se entregue el autor del mismo».
El abogado insiste en que están apareciendo «nuevos testimonios» que están aportando claves interesantes para valorar el caso. Al menos así lo considera la familia. «Sigo convencida de que alguien intervino en la desaparición de nuestra hija. Hasta allí no llegó sola, es imposible que recorriera esa distancia de noche y en chanclas. Y vamos a seguir peleando hasta que ya no se pueda más», sentencia la madre.
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