El Sórdido Caso de la Violación Múltiple en Burjassot

Aquel 7 de julio donde cinco jóvenes, conocidos como La Manada, violaron a una joven en los Sanfermines de 2016, creando una tendencia que no ha parado de aumentar. Según apuntamos, desde entonces, los lugares donde se han registrado más agresiones han sido en Cataluña con 48 agresiones sexuales múltiples entre 2016 y 2021, seguida de la Comunidad Valenciana con 43 y Andalucía con 41. Datos de la Fundación ANAR- Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, también muestran un aumento de las violaciones grupales, alegando que este tipo de agresiones ha pasado de un 2,1% a un 10, 5% en la última década. Por su parte, la directora Diana Díaz, incide en unas declaraciones publicadas por niusdiario.es, que un 10% de las agresiones sexuales a niñas se realizan en grupo. De acuerdo a la organización, el pasado año 2023 se denunciaron un total de 2.143 agresiones sexuales, lo que significa un 34% más que en 2020 y un 14% más que en 2019. Los cuatro menores acusados de violar en grupo a dos niñas en mayo del 2022 en Burjassot (Valencia) alcanzaron un acuerdo antes del juicio, según el cual dos de ellos aceptaron penas de tres y cuatro años de internamiento, mientras que los otros dos asumieron cinco años de libertad vigilada. Estas medidas se han adoptado de acuerdo al grado de participación de cada menor en la agresión sexual. Así lo han pactado las partes cuando iba a dar comienzo la vista oral por estos hechos, en los que hubo un quinto implicado menor de 14 años y, por tanto inimputable, cuando se cometió la agresión sexual. La conformidad alcanzada entre las partes supuso que dos de los menores implicados en la violación grupal cumplirán internamiento en un centro en régimen cerrado —uno de ellos por tiempo de tres años y, el otro, cuatro—; además de tres años de alejamiento respecto a las víctimas y otros tres de libertad vigilada. A los otros dos menores, que consumaron la violación individual, se les ha aplicado la medida de libertad vigilada durante un periodo de cinco años, así como otros cinco años más de alejamiento respecto a las víctimas. Todos ellos tendrán que someterse, además, a cursos de reeducación sexual, según han informado los letrados a los medios de comunicación que esperaban en la Ciudad de la Justicia. En cuanto a la responsabilidad civil, los ya condenados abonaron 10.000 euros —cada uno de ellos— a las víctimas, salvo uno “al que le quedaba un fleco”, ha indicado Isabel Carricondo, abogada de una de las víctimas. Precisamente este hecho ha conllevado que se haya retrasado la formalización del acuerdo, tras el que alguno de los acusados y familiares abandonaron la sala visiblemente afectados. Carricondo ha asegurado que tanto su cliente como su madre están “satisfechas” con el acuerdo alcanzado y ha destacado que toda víctima precisa que se imponga una pena o medida “porque necesita saber que la persona que le ha causado el daño está cumpliendo un castigo”. Además, ha subrayado que es “muy importante” que las víctimas “vean resarcido el daño causado económicamente porque este tipo de víctimas de agresión sexual necesitan tratamientos psicológicos largos y costosos y la única manera de que se sientan resarcidas es también con una indemnización”. El letrado Juan Molpeceres, abogado de otra de las víctimas, ha calificado este episodio de “traumático para todos”. El 16 de mayo del 2022 dos de los procesados se encontraron con las víctimas en la estación de metro de Burjassot-Godella, donde habían quedado previamente. Tras dar una vuelta por la población, los menores condujeron a las niñas a un parque público y posteriormente les propusieron entrar en una casa abandonada, concretamente al piso inferior de la misma, donde había una habitación con dos colchones separados por una cortina.

Las dos parejas de menores mantuvieron relaciones consentidas inicialmente pero pidieron a los procesados que parasen en un determinado momento; estos hicieron caso omiso y las violaron en contra de su voluntad, siempre según el relato del fiscal. En el transcurso de esta agresión, los procesados escucharon ruidos, por lo que cesaron, se vistieron y salieron al exterior de la vivienda, donde se encontraron con otros tres menores, amigos de los primeros, uno de ellos menor de 14 años. Las víctimas volvieron a entrar en la casa abandonada y una de ellas, al ver que bajaban el resto de agresores, se escondió. La otra niña fue retenida por tres de los acusados y violada de nuevo por turnos mientras era sujetada de pies y brazos. Como consecuencia de estos hechos, una de las menores sufrió erosiones, hematomas e infección de transmisión sexual. Además, ha requerido tratamiento psicológico; la otra chica sufre ansiedad y depresión. Cristina Seguí García, fundadora de Vox en València y que se describe a sí misma como periodista, juzgada por contribuir a revelar la identidad de la niña de 12 años que fue víctima de la violación grupal en Burjassot y atentar contra la integridad moral de la menor difundiendo un vídeo a partir de un directo de una de ellas en su cuenta privada de Instagram, no solo se ha negado a responder a nadie que no fuera su abogado, sino que ha tratado de sacar un conejo de la chistera para eludir la condena alegando que las niñas del vídeo que difundió y las que fueron víctimas de las agresiones sexuales "no son las mismas. Es imposible que lo sean".

La sorprendente afirmación, realizada por la acusada en su declaración y recogida por su abogado en su informe final, causó estupor en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 10 de València, ya que pone en duda la identidad de las tres menores del vídeo, algo que a estas alturas se escapa a toda lógica. En primer lugar, porque desde el mes de abril hay una sentencia firme que condena a siete años de internamiento a los violadores, en la que, como es lógico, se identifica a las víctimas con nombres y apellidos, y en segundo, porque el vídeo cuya difusión se ha juzgado fue grabado a partir de un directo con las cuentas de Instagram de las dos víctimas y una amiga de ellas, precisamente la que propició la denuncia inicial ante la policía. Cristina Seguí será condenada a cuatro años y medio de cárcel y 15.000 euros de indemnización, y la acusación particular, con el penalista Juan Carlos Navarro en nombre de la madre de la menor que sufrió la violación grupal y otra individual, tres años de cárcel y 50.000 euros, intentan justificar que aseguró que no tenían 12 años "sino 15 o 16", porque recurrió a una supuesta fuente que definió como "una buena amiga en Madrid experta en delitos tecnológicos, no dijo que fuera policía, pero usó ese término, que es el que emplea la Policía Nacional para designar a sus expertos en ciberdelincuencia" quien le estimó, solo con ver el vídeo, "entre 15 y 17 años" la edad de las menores que aparecían en la grabación. Consideró bastante esa gestión para afirmar a partir de ella categóricamente que las chicas no tenían la edad de 12 y 13 años.

En cuanto a por qué en la sucesión de tuits de la fundadora de Vox en Valencia, con contenido despreciativo para las menores -les llama "angelitos" o que solo buscaban "hacerse famosas", entre otras lindezas-, no solo puso en tela de juicio las violaciones, sino que llegó a decir claramente que eran falsas, ante la jueza, explicó que lo hizo porque al ver la conversación de las niñas, decidió que "hay una disonancia que a mí me resulta incompatible con una agresión sexual como la que se relata en la sentencia". Suficiente. "Es imposible que sean las mismas niñas" a sentencia emitida (la de las agresiones sexuales, totalmente admitidas por los cuatro condenados; el quinto no ha podido ser enjuiciado porque no tenía ni 14 años), no encontró otra escapatoria que argumentar que "no pueden ser las mismas niñas. He escuchado la sentencia y a la perito y es imposible que sean las mismas niñas". La otra línea de defensa, que nadie discutía porque no alteraba la existencia del delito de revelación de secretos a juicio de las acusaciones, es que Cristina Seguí se limitó a difundir, porque se sintió "en la obligación de hacerlo", un vídeo que le hicieron llegar, según ella, "unas madres". En su descargo, presumió de haber eliminado "3 ó 4 segundos" del original antes de difundirlo, pero no porque estuviera protegiendo la identidad de las adolescentes. En ellos se escuchan las voces de dos chicos muy jóvenes, los autores de la grabación del directo, haciendo comentarios injuriosos con un marcado acento calé -todos los condenados son de etnia gitana-. De haber emitido el vídeo con sus voces, podría haber quedado al descubierto la identidad de quien hizo la grabación, realizada con la cámara de un móvil enfocada a la pantalla de otro terminal en el que discurría el directo. La ultraderechista, que ya fue condenada por la vía civil el año 2023 a pagar 6.000 euros por difamar al exministro José Luis Ábalos a través de Twitter, no solo no quiso responder ni a la fiscal ni a Navarro, lo que llevó a este a pedir a la jueza que valore adecuadamente ese silencio "revelador", sino que pidió declarar (y se le concedió) al final del juicio, una vez que hubiesen hablado todos los demás. Uno de los testimonios que más daño hicieron a la acusada fue el del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien lideró la denuncia que permitió a la Fiscalía de Odio de València iniciar la investigación. Sánchez desgranó uno por uno los puntos e hitos que le llevaron a denunciar y cómo la Agencia de Protección de Datos reaccionó obligando a Cristina Seguí a borrar los tuits. También, cómo esta reaccionó 'estampando' esos tuits y el vídeo, haciendo con ello que esa copia se convirtiese en indeleble y permanezca aún en el ciberespacio, o cómo se viralizó el vídeo tras la difusión del mismo en el perfil de Twitter (hoy X) de la activista ultra de Vox, con casi 300.000 seguidores en ese momento, en su canal de Telegram o después de que fuese entrevistada en el canal de YouTube de otro conocido periodista de un perfil similar fascista, Javier Negre, con casi 400.000 seguidores.

Así mismo, el testigo explicó que los directos de Instagram, duran, como el resto de las stories de esta red, 24 horas, tiempo al cabo del cual se borran de manera automática, y que nadie que no forme parte del grupo de seguidores aceptado de antemano por quien emite el directo puede tener acceso al mismo. Demoledor fue también el testimonio prestado por la psicóloga del Instituto de Medicina Legal (IML) de València que elaboró el llamado informe de credibilidad de las menores para el proceso judicial por las violaciones, adelantado en su día por este diario. La perito fue contundente: la niña estaba psicológicamente destrozada por las agresiones sexuales -tardó más de un año en poder ser sometida a la exploración en la cámara Gesell por las dilaciones propiciadas por las defensas de los violadores y el mismo tiempo en recibir la primera asistencia psicológica-, pero, además, "la difusión del vídeo agravó la sintomatología por la agresión sexual, que era muy concreta y severa. Había depresión, ansiedad, estrés crónico... Cuando yo la veo, el daño se ha visto muy agravado por las consecuencias de esa difusión. Su estado se convierte en disfuncional", matizó. Y agregó, acerca de las consecuencias de la viralización del vídeo que le expresó cuando la exploró, que "la niña me dice que se le ha arruinado la vida. Es una constante en sus manifestaciones. Me lo dijo así: 'Todo el mundo sabía que éramos las niñas violadas'". En cuanto a por qué se reían en ese vídeo, que recoge una conversación informal entre tres niñas de 12 y 13 años, como bien recordó la fiscal, Susana Gisbert, la psicóloga del IML volvió a expresarse con firmeza: "Es un mecanismo de defensa. Este tipo de expresión es habitual cuando sucede un hecho traumático como el que habían vivido. Ese vídeo se graba al día siguiente de las violaciones. Incluso me lo dice así, 'me podían haber matado, golpeado o hecho más daño, al menos estoy viva'. No es una actitud extraña", remachó. Uno de los momentos más dramáticos que se han vivido cuando ha declarado ante la jueza de lo Penal 10 de València la madre de esa menor, quien relató cómo su hija trató de suicidarse tirándose por una ventana a raíz de la difusión del vídeo y de las agresiones sexuales -"si no llego a estar yo, si no la llego a coger, se habría tirado"- o que, por la misma razón, por las secuelas de ambos hechos, "actualmente está internada en un centro para recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico" por prescripción terapéutica. "Se ha cortado, se ha arañado los nudillos,... Los especialistas dicen que presenta todos los patrones del trastorno límite de la personalidad, pero que hasta que no sea más mayor (ahora tiene 15 años), no se lo podrán diagnosticar". "Mi hija sufrió 'bullying' por la difusión de ese vídeo", resumió, y relató cómo tuvo que cambiarla dos veces de instituto y de municipio porque se desveló su identidad. "Le echaban la culpa de lo que pasó, como si ella hubiese ido a buscar aquello...". La madre se mantuvo entera, aunque muy nerviosa, durante la declaración, realizada a medio metro escaso de la mujer juzgada por difundir el vídeo que destapó la identidad de su hija, Cristina Seguí revictimizándola hasta el punto relatado por la psicóloga, pero se quebró y echó a llorar cuando se emitió, por cuarta vez y a petición de la defensa, la misma grabación. Una y otra vez. La mujer tuvo que abandonar precipitadamente la sala, incapaz de continuar soportando la tortura de escuchar en bucle la voz sin distorsionar de su hija y de las otras dos menores. Las niñas, que únicamente cubrían su rostro con filtros de la propia red, por lo que sus caras eran visibles en varios momentos del vídeo, comentaban entre sí que el caso derivaría en un juicio y las consecuencias que ello acarrearía. Las voces, como recordaron la fiscal Gisbert y el letrado Navarro, no estaban distorsionadas e identificarlas era fácil, ya que también se veían las cuentas de usuario de Instagram. De hecho, la relación de esas tres niñas con las violaciones de Burjassot se produce precisamente por los comentarios realizados por la acusada Cristina Seguí en los textos de sus tuits, tal como recordó la acusación particular, al incluir datos que llevaban a esas noticias.

La fiscal, por su parte, se encargó de recordar y poner el acento en la especial protección de la que gozan los menores, que prohíbe la difusión de su identidad. Navarro, además, recordó a mayores que ni siquiera se puede argumentar que las niñas hubiesen prestado su consentimiento a la difusión al tratarse de un directo en una red social, ya que era una acción en el ámbito privado (solo podían verlo sus amigos) y, sobre todo, ningún menor de 14 años tiene la capacidad legal de prestar consentimiento, según recoge la Ley de Protección de Datos. Así las cosas, Fiscalía y acusación particular mantuvieron sus escritos de calificación, aunque ambos decidieron introducir una posible pena alternativa, que reduciría a un año la condena por revelación de secretos, en caso de que la jueza no considere que en este caso existe la agravación que se produce, por ejemplo, al tratarse de una menor de edad.