La desaparición de Sonia Carabantes se produjo el 14 de agosto de 2003
cuando regresaba a su casa de una romería del municipio malagueño de
Coín, adonde su familia se había trasladado a vivir dos años antes tras
una larga estancia trabajando en Suiza. El hallazgo de restos de sangre y
algunas pertenencias auguraban un desenlace trágico, pero siempre se
dejaba un resquicio a la esperanza. Cinco días de búsqueda intensa concluyeron con el hallazgo de su cuerpo oculto bajo unas pesadas piedras en un camino rural de Monda de difícil acceso.
La autopsia reveló que la adolescente había muerto estrangulada,
pero en el cuerpo inerte habían quedado las marcas de un ensañamiento
desmedido, innecesario, casi sádico. Un brutal ataque ante el que la
joven no permaneció impasible. Luchó, arañó a su asesino y bajo sus uñas
dejó el hilo del que tirarían los investigadores hasta dar con él. Los forenses hallaron restos epiteliales y los investigadores tenían el ADN del criminal.
Una prueba irrefutable ante un tribunal que daría un vuelco a otro
caso. Al ser introducido en las bases de datos de los cuerpos de
seguridad surgió una coincidencia. «Un bombazo», comentó entonces un
agente.
El resto biológico coincidía con la saliva hallada en una colilla que se recogió en el lugar donde mataron a Rocío
Wanninkhof, la joven de Mijas que cuatro años antes había sido
asesinada cuando regresaba a su casa tras estar con su novio.
La equivalencia ponía patas arriba ambos casos y exoneraba
a Dolores Vázquez, detenida y condenada por la muerte de Rocío y que
esperaba un segundo juicio tras anularse el fallo del primero.
La difusión de este aspecto crucial removía la memoria de una residente británica
que comenzó a recordar la conducta sospechosa de su esposo cuando
desapareció la joven mijeña y la extraña actitud que se reprodujo cuando
el caso de Sonia saltó a la Prensa. Cecilia Pantoja comenzó
a ver fugas en las excusas que su pareja puso para justificar unas
lesiones en un brazo, el barro en su coche o unas lagunas horarias.
La mujer contó sus dudas a una amiga y fueron a contarlo a la Policía Nacional. El foco de la investigación se centraba sobre Tony King, un británico residente en la Costa del Sol, padre de una niña y con un oscuro pasado oculto. Una
serie de gestiones revelaron que su verdadero nombre era Tony Bromwich,
aunque lo más desconcertante era el alias con el que en su momento lo
bautizaron los medios ingleses: «El estrangulador de Holloway».
Había que conseguir una muestra indubitada de ADN
y los investigadores de la UDEV establecieron dispositivos en el
municipio de Alhaurín el Grande, donde King se había instalado a vivir
en compañía de su nueva pareja tras divorciarse de Cecilia Pantoja.
La prueba biológica se
logró gracias a una colilla que un policía recogió en el pub donde
trabajaba el sospechoso, pero otras fuentes aseguran que fue de unos
calzoncillos que estaban en un tendedero. Fuese como fuese, el asesino múltiple fue detenido el 18 de septiembre de 2003.
Tony King fue
condenado a 36 años de prisión por abusar sexualmente y asesinar a
Sonia Carabantes, otros 19 por el crimen de Rocío Wanninkhof y a siete más por agredir y
tratar de violar a una mujer en Benalmádena en el año 2001.
A dia de hoy la Justicia española no ha indemnizado a Dolores Vázquez por el atropello mediático,social y por un asesinato que no cometió, Dolores Vázquez vive refugiada en una pequeña localidad al este de Londres,
donde trabaja para una empresa de transportes gestionando el horario de
los repartidores. De no haber aparecido el verdadero culpable del crimen de Rocío Wanninkhof
y de haberse ratificado su condena, Dolores habría cumplido 15 años de
cárcel. Sin embargo, habría
que preguntarse sobre la clase de libertad que ha disfrutado en todo
este tiempo que ha pasado.
En el 2013 apareció por Madrid para intervenir ante una audiencia de juristas,
jueces, fiscales y abogados, organizado por la Fundación Pombo, la Universidad Carlos III
y la Fundación Wolters Kluwer. Era un acto sobre presunción de
inocencia y juicios paralelos. Dolores daba la cara ante representantes
del sistema que la ha maltratado y que no ha sabido pedirle perdón. Su intervención no duró más de cinco minutos.
Fue un discurso emocionado porque le cuesta reprimir las lágrimas. Ella
tan fría, tan exigente, tan disciplinada, tan británica (hija de
emigrantes gallegos, se crió y se educó en Epson) es un mar de lágrimas. Una
amargura infinita inunda su cuerpo. En el último estudio psiquiátrico
al que ha sido sometida, el especialista valoraba con números el daño
que ha sufrido: le asignó un valor 35, cuando 100 es el de una persona
normal. Dolores es ahora un 35% de sí misma.
En esos cinco minutos, Dolores pasó por encima de su calvario y dijo lo
que quería decir desde hace mucho tiempo: “Todavía, nadie me ha pedido
perdón”. Su causa está en el Supremo a la espera de una sentencia definitiva
que fije a cuánto debe ascender la indemnización a que tiene derecho
por el error. El proceso tiene su complicación porque, en medio de la
reclamación (solicita cuatro millones de euros), el Supremo ha cambiado
de criterio a consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que le beneficiaría. Pero Dolores no tiene suerte: su
reclamación es anterior al cambio de criterio y no puede modificarla
porque estaría prescrita. La Abogacía del Estado ha puesto precio a su
dolor: le corresponden 62.280 euros por haber estado 519 días por error
en la prisión.
Su vida es una cárcel sin rejas. Antes de marcharse al Reino Unido
pasó alguna temporada en Galicia, donde vive una de sus hermanas, hasta
que comprobó que detrás de todas las ofertas de trabajo que podía
recibir había alguna doble intención. Vivía como si tuviera que
justificar cada paso. No descuelga el teléfono salvo para media docena
de personas. Y, aun así, le cuesta mantener una conversación porque no
puede evitar la sospecha de que es intervenida. Al menos, ahora, no
memoriza la matrícula de los vehículos que van detrás de ella, ni anota
en un papel los lugares y las horas por donde transita cada día.
Dolores Vázquez fue víctima de un juicio popular,con mucha gente detrás que va contra la homosexualidad de ella y en el que se le
declaró culpable. Fue el primer gran caso mediático del siglo XXI en
España. Los detalles de la investigación y de la vida privada de los
protagonistas recibieron una cobertura ilimitada, de tal forma que
cuando se llegó al juicio con jurado popular la suerte parecía echada.
Pedro Apalategui, su abogado, recuerda que no hubo ninguna renuncia a
ser miembro del jurado, hecho poco habitual. El fallo apenas estuvo
argumentado. “Aquel juicio tuvo muchas imperfecciones y se ha utilizado
como un argumento en contra del jurado popular, sin considerar la enorme
carga mediática a que estuvo sometido”, dice el abogado.
Dolores todavía escucha el coro de voces de las presas de la cárcel de
Málaga cuando anunciaban su nombre por la megafonía: “¡Asesina!,
¡asesina!”. También lo recuerda Pedro Apalategui, que hubo de renunciar a
todos los sábados de su vida durante 17 meses “porque me di cuenta de
que mi visita era el único nexo que ataba a Dolores a la cordura”. La
angustia de su cliente la llevaba a desconfiar de la compañera de celda
que la habían asignado para protegerla del suicidio: Dolores pensaba que
tenía el encargo de espiarla mientras dormía por si confesaba en
sueños.
Pedro Apalategui sigue guardando en un cajón de su escritorio un objeto que no pudo utilizar en el juicio. Dolores Vázquez se lo prohibió desde la cárcel.
Se trata de una libreta con pastas rosas que Rocío Wanninkof le regaló a
Dolores Vázquez por su cumpleaños. Tiene una dedicatoria manuscrita de
Rocío: (“Eres una chica tan guapa, tan simpática, tan amable, tan bella,
y tan gordita. Que te he regalado esta libretita. Así te quiero tanto
como este corazón y si no te quisiera se rompería como este. Para Loli
de Rocío”).
No hay comentarios:
Publicar un comentario