Abusos Sexuales Dentro del Ejercito Español

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra fue expulsado por denunciar corrupción en la cúpula del Ejército español,sobre la existencia de corruptelas sistémicas, abusos y acosos sexuales hacia mujeres soldado y negligencias dentro de una cúpula militar digna de otra época.
Una soldado destinada en el cuartel aéreo de Antequera denunció haber sido violada hasta en tres ocasiones por varios compañeros de la base militar. La joven dio positivo en  burundanga. Además de eso, que ocurrió el 10 de diciembre del 2017, la chica explicó también que sufrió otra agresión sexual en septiembre de ese mismo año. 

 Luis Segura, para conocer más acerca de este tipo de comportamientos y de  agresiones sexuales en el Ejército, el oscurantismo existente en torno a este asunto, afirma que los órganos de control y justicia dentro de las Fuerzas Armadas son militares, pues la Justicia no tiene jurisdicción sobre lo que acontece dentro de este organismo. 

Lamenta que tan sólo se hayan hecho 176 denuncias en la última década, cifra que queda muy por debajo de otros países. Además, "tan sólo el 12,5% de estas han terminado en condena, aunque los condenados siguen dentro del Ejército". Segura asevera que "tenemos un problema muy serio en España dado que las mujeres no suelen denunciar este tipo de acosos por miedo a represalias" o al acoso tras el proceso judicial.

 Luis Segura ha conocido casos al que se ha hecho público e  incluso asesora a algunas soldados que han vivido un episodio de agresión sexual, declara que "el proceso es muy caro y complejo, por lo que algunas chicas se acaban endeudando". Al tratarse de un juicio militar, el tribunal está conformado por tres miembros, de los cuales sólo dos tienen conocimientos jurídicos y el restante es "un teniente coronel del Ejército". Ante esto, Segura declara que "esto vulnera los derechos fundamentales".
 El exteniente recuerda el caso de Zaida Cantero, que aseguró  que conocía la conducta del Teniente Coronel Lezcano, aunque no consideraba que con una capitan pudiera actuar de semejante manera. "Esto es conocido y está aceptado dentro de las Fuerzas Armadas", lamenta el autor de El libro negro del Ejército Español. 
 “Las Fuerzas Armadas  forman parte de la sociedad, no son ajenas a las conductas relacionadas con el acoso y han comenzado recientemente a tratarlas”. Con estas palabras rompe el Observatorio de la Vida Militar el manto de silencio que hasta ahora ha cubierto las situaciones de acoso sexual, laboral y profesional en el seno de los ejércitos.

 Los responsables de Defensa mantuvieron tradicionalmente la política de negar el problema, mirar a otro lado o lavar los trapos sucios en casa, hasta que estalló el caso de la comandante Zaida Cantera. Hasta el año 2014, el acoso ni siquiera estaba tipificado como falta disciplinaria y su introducción en el Código Penal Militar se produjo en el 2015 (anteriormente este delito se subsumía en otros genéricos, como abuso de autoridad), mientras que el primer protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de género fue aprobado en noviembre del 2015, dos años y medio después que el de la Guardia Civil. El Observatorio de la Vida Militar, un organismo adscrito a las Cortes, ha elaborado el primer estudio sobre la aplicación de este protocolo y también la primera radiografía, aún borrosa, sobre el calado del problema en el seno de los ejércitos.
El estudio, que coincide con el 30 aniversario de la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, constata que “en la inmensa mayoría de los casos, la víctima del acoso, en sus distintas acepciones, es una mujer”.
En el primer año de aplicación del protocolo se abrieron 16 procedimientos penales (11 están en fase de instrucción, y cinco se han elevado a sumario). También se han instruido seis expedientes disciplinarios (dos han pasado al ámbito penal y cuatro están en trámite).

El estudio reconoce la dificultad de comparar con periodos anteriores a la aprobación del protocolo, pero incluye datos del Tribunal Militar Central según el cual entre 2004 y 2015 se presentaron 174 denuncias, se abrieron 46 procedimientos penales y se dictaron 22 condenas: 12 por acoso sexual, una por acoso por razón de sexo y nueve por acoso profesional. Es decir, el 63% de las denuncias acabaron archivadas y solo el 12,5% en condena.
“El protocolo merece una valoración positiva como primer paso en la acción de las Fuerzas Armadas para hacer frente al acoso, pero debe ser completado y perfeccionado”, concluye el informe. Critica, por ejemplo, que no incluya el acoso profesional, no se aplique al personal civil de Defensa o no contemple medidas de protección de testigos. El Observatorio reconoce que se ha producido “un incremento en la sensibilización de la cadena de mando y del resto del personal” respecto al acoso, pero admite que carece de datos para valorar la eficacia de las medidas de prevención, formación y apoyo adoptadas hasta ahora, por lo que reclama un estudio en profundidad que permita conocer la verdadera “dimensión y caracteres del problema”.

Las Unidades de Protección contra el Acoso de las Fuerzas Armadas, creadas en el 2015 tras el escándalo producido por la salida a la luz del caso de la comandante retirada Zaida Cantera, no están funcionando. No han acabado con el miedo de las víctimas a denunciar, no han impedido que sufran un proceso de revictimización al tener que demostrar la veracidad de su acusación  y tampoco están logrando concienciar a los militares (un 88% de ellos, hombres) de que eviten conductas que crean el clima propicio para que se produzca el delito, como colgar un póster pornográfico en un lugar de trabajo. 

Se trata de una denuncia habitual de aquellos que tratan diariamente con las víctimas de este problema que ha sido refrendada ahora por el Observatorio de la Vida Militar.