La Iglesia , Semillero de Crímenes,Abusos Sexuales y Violadores

Los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero de la Iglesia católica hacen referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abusos sexuales infantiles cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico en contra de menores de edad, que van desde los 3 años hasta involucrar en la mayoría de los casos a niños de entre 11 y 14 años de edad. Estos crímenes incluyen sexo anal y penetración oral. Los casos son  documentados y denunciados ante las autoridades civiles de muchos países, con persecución de los pederastas y demandas civiles contra las diócesis de la Iglesia Católica. Muchos de los casos salen a la luz pública varias décadas después de los hechos. Las demandas ante las autoridades están hechas también contra la jerarquía católica, quien en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones, además de no reportar y de encubrir a los sacerdotes pederastas, trasladándolos de las parroquias para evitar su detención y juicios.
A partir de mediados del siglo XX se ha incrementado el número de denuncias por abuso sexual infantil en todas sus variedades por parte de religiosos católicos. En los últimos años, han cobrado relevancia los casos de Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Chile, donde las autoridades han encontrado culpables a sacerdotes de cientos de casos de pedofilia. El escándalo alcanza a congregaciones como la Legión de Cristo, que ocasionó la renuncia de los obispos irlandeses de Cloyne, John Magee, y de la diócesis de Kildare y Leighlin, James Moriarty , quienes reconocieron haber sido negligentes en pedofilia en sus diócesis y ha llevado a la cárcel a sacerdotes católicos. En abril del 2010, Roger Joseph Vangheluwe dimitió como obispo de Brujas por haber abusado sexualmente de un joven cuando era sacerdote al comienzo de su episcopado. Organizaciones de víctimas de pedofilia señalan que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI tienen grados de responsabilidades al haber encubierto los abusos y omitido las denuncias.

 La Santa Sede, por la voz de Benedicto XVI, condena la pedofilia y reconoce los casos que han llevado al escándalo por esta causa en los últimos años de la primera década del siglo XXI. A través de un comunicado dirigido a los católicos de Irlanda, el máximo jerarca católico ha reconocido la actuación "insuficiente" de la Santa Sede en los casos de pedofilia denunciados y reconoció que se trata  de actos criminales que dañan a las víctimas y han dañado la imagen de la Iglesia en el mundo, actos por los cuales los sacerdotes "deberán responder —dijo el papa— ante Dios y los tribunales debidamente constituidos".
El papa Benedicto XVI  reconoció públicamente los casos de pedofilia cometidos por sacerdotes, y pidió  perdón a las víctimas y sostenido que los culpables deben responder ante los tribunales.


En el año 1223 la Iglesia Católica creó por primera vez en Sicilia un tribunal para juzgar delitos contra las creencias católicas, o delitos de herejía. Con el tiempo esos tribunales se generalizaron, fundamentalmente en España y sus colonias americanas, Portugal e Italia.
Los tribunales de la Inquisición se caracterizaron por perseguir a los disidentes religiosos (cátaros, luteranos, calvinistas, protestantes), quienes expresaban opiniones no aceptadas por la Iglesia, quienes tenían creencias religiosas no cristianas (judíos, musulmanes), mujeres consideradas brujas, etc. Famosos son los juicios seguidos contra Galileo Galilei, Giordano Bruno y Juana de Arco así como el sacerdote inquisidor Savonarola.
La Inquisición tenía la facultad de torturar, quemar y decapitar a los acusados, así como de condenar a muerte a los encontrados culpables (la pena máxima de los ejecutados fue mediante la hoguera cuando el condenado no confesaba).La Inquisición también tenía el poder de prohibir y quemar libros considerados contrarios a la religión católica.
 Desde el siglo XVI los pensadores católicos y protestantes habían comenzado a discutir sobre la libertad de conciencia, pero el movimiento fue marginal hasta principios del siglo XVII. Se afirmaba que los Estados que realizaban persecuciones religiosas no sólo eran poco cristianos, sino que además eran ilógicos, puesto que actuaban sobre la base de una conjetura y no a certezas. Estos pensadores atacaban a cualquier tipo de persecución religiosa, la Inquisición les ofrecía un blanco perfecto. Tales puntos de vista eran defendidos por pensadores de corrientes religiosas minoritarias, disidentes, como remonstrantes, anabaptistas, cuáqueros, unitarios, menonitas, etc. Así, por ejemplo, Philipp van Limborch, el primer gran historiador de la Inquisición era remonstrante y Gilbert Brunet, historiador inglés de la Reforma, latitudinario. Hacia finales del siglo XVI, las guerras de religión habían dejado claro que los intentos de conseguir Estados religiosamente uniformes estaban abocados al fracaso. Uno de los críticos más importantes de las persecuciones religiosas y de la Inquisición fue Pierre Bayle (1647-1706). Con el tiempo la Inquisición y el uso de la tortura y la quema de brujas y herejes, fueron considerados como un caso extremo de abuso del poder y de intolerancia.

La leyenda negra de la Inquisición comenzó a ser desarrollada a partir de la teoría formulada inicialmente por  Julián Juderías y ampliada a América por Rómulo Carbia. Con posterioridad los historiadores E. Peters,1988 y H. Kamen, 1997, sostuvieron que los datos sobre la Inquisición estaban distorsionados por obra de los protestantes con el objetivo de desacreditar a la Iglesia Católica.
Ambos historiadores dijeron que se usaba la violencia utilizada por los tribunales inquisitoriales, así como la cantidad de muertos y el uso de torturas. También argumentaron que se  sacaron los hechos históricos, cuando la persecución de los herejes eran delitos aceptados de manera generalizada en la mayoría de las sociedades.

 Cuando la Inquisición interrogaba a los presuntos acusados, se utilizaron instrumentos de tortura.También dichos instrumentos fueron usados para intimidar a los acusados.Es el caso de la llamada Doncella de hierro, (también conocida como la Dama de hierro), especie de un macabro sarcófago que por fuera mostraba la figura y rostro de una doncella ( La virgen María) y que en su interior tenía largas y afiladas púas de metal. 

Los casos de abusos sexuales a menores de edad se presentaron siempre allí en donde niños y adolescentes estaban en contacto con religiosos, de la misma manera que sucede en otros tipos de organizaciones que tienen la responsabilidad de su cuidado o que están en contacto frecuente con los mismos. La confianza que los ministros de la Iglesia generan entre los laicos facilita en la mayoría de las ocasiones el obrar del abusador en parroquias, seminarios, orfanatos, hospitales y organizaciones de trabajo social. En muchos casos la víctima no recibe la atención inmediata incluso por parte de sus familiares  debido al temor e ignorancia.
El Código de Derecho Canónico, la base del derecho eclesiástico, contempla penas para los delitos que tienen que ver con el abuso sexual, como se expresa en varios cánones. Según el Canon 1395, el clérigo que cometa un delito sexual con un menor de edad, sea este por medio de violencia o amenazas, debe ser castigado con penas justas que pueden incluir la expulsión del estado clerical. Las evidencias de estos crimenes por parte de religiosos pueden ser trazadas con anterioridad al siglo XX debido a la existencia de documentos eclesiásticos que buscan prevenirlos, como la constitución apostólica Sacramentum Poenitentiae de 1741. Sin embargo, el desarrollo de los medios de comunicación, especialmente después de la II Guerra Mundial, pone en evidencia el caso dentro de la Iglesia Católica y de todas aquellas instituciones y organizaciones en donde adultos tienen contacto directo con menores. Con el advenimiento de la secularización, sobre todo de aquellas naciones de fuerte tradición católica, los casos adquirieron una gran relevancia para ciertos sectores.

 Los escándalos en los cuales se ven implicados miembros de la Iglesia Católica, traen como consecuencia la acusación contra las estructuras jerárquicas de la misma, las cuales son vistas en la mayoría de las veces como protectoras del incriminado a través de un complejo y sistemático proceso. En consecuencia, muchos obispos y superiores religiosos son denunciados por las víctimas y presentados por los medios de comunicación social como encubridores del crimen. Los casos pone en evidencia una disparidad entre la justicia civil y la eclesiástica y el desconocimiento que la opinión pública en general tiene de la misma, por ejemplo de aspectos de competencia jurídica como los distintos concordatos. Sin embargo, los escándalos tienen notables repercusiones dentro del Derecho Canónico. Los sacerdotes y religiosos acusados de actos de abusos  sexuales contra menores de edad, cuando estos llegaron al conocimiento de sus superiores inmediatos, recibieron como sanción llamados de atención privados y fueron desplazados a otros sitios alejados del lugar. Algunas diócesis someten a los acusados a tratamientos y evaluaciones psicoterapéuticas, tras las cuales estaban habilitados para reanudar sus actividades pastorales si los psicólogos o psiquiatras que los tratan le advertían al obispo que no había riesgo de reincidencia. En muchos casos pagan sumas de dinero extrajudiciales con el fin de evitar que el escándalo salga a la luz pública.
Quienes defienden a los obispos sugieren que al reasignar a los sacerdotes a sus labores tras el tratamiento, estan actuando de acuerdo con el mejor consejo médico cuando éste estaba disponible. Por su parte, los críticos cuestionan si los obispos pueden necesariamente llegar a juicios acertados en circunstancias serias sobre la mejora psicológica de un sacerdote, basándose en el consejo de profesionales ampliamente considerados como de opiniones cambiantes. Asimismo, los obispos son criticados por actuar como meros "empresarios", quienes ven los casos de abusos como un asunto médico y disciplinario del sacerdote, y que estan preocupados por mantener el tema en secreto con el objeto de lograr un manejo financiero y administrativo óptimo en vez de preocuparse por los intereses de las víctimas.