Juan Carlos I de Borbón, Juzgado en la Corte Militar

 

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn llegó al Tribunal Superior en Londres impoluta, insinuando a las cámaras que había ganado un Oscar. El martes 29 de marzo de 2022 la danesa se sentó en la sala 76 del Tribunal Superior de Londres rodeada de siete personas a su sueldo (dos relaciones públicas, una asistenta personal y cuatro abogados). Ella, aplicada, tomaba notas y apuntaba hasta los tecnicismos más enmarañados que se cruzaban la abogada Belinda McRae, defensora del rey emérito Juan Carlos I junto a sir Daniel Bethlehem, y el juez Matthew Nicklin, analítico y didáctico hasta lo indecible. La vista remataba la resolución del juez dictada  en la que niega la inmunidad soberana o estatal a Juan Carlos I para ser juzgado en Londres por la demanda de Corinna Larsen en la que le acusa de tres cargos: acoso, difamación (con consecuencias económicas) y vigilancia ilegal.

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Los tres cargos de los que le acusa su examante Corinna Larsen (acoso, difamación con pérdida de ingresos y vigilancia ilegal) se concretan en hechos ocurridos mayoritariamente después de 2014. Juan Carlos y Corinna fueron novios desde febrero de 2004 hasta abril de 2012, cuando se fueron a cazar a Botsuana. Según ella, él insistió en retomar la relación amorosa hasta 2014, el mismo año de su abdicación.

Ante el insistente rechazo de la amante, él empezó la supuesta persecución que ella denuncia. Esos son los presuntos delitos que, según la decisión de los jueces, no están exentos de inmunidad judicial al haberse producido después de junio de 2014 y, en consecuencia, Juan Carlos de Borbón y Borbón, como ciudadano privado, será juzgado por ello. Una victoria parcial o raquítica para los nuevos abogados del rey emérito.

El aire acondicionado de la sala 71 del Tribunal de Apelación de Londres daba  la bienvenida a Corinna Larsen, vestida con traje de chaqueta y pantalón de color gris claro, a cinco de sus abogados y a dos acompañantes, una de ellas relaciones públicas para atender a los medios. En total llevaba un séquito de siete personas. El maquillaje se le derretía en la calle, pero no en la sala.

En el lado opuesto de la sala, el nuevo equipo de abogados de Juan Carlos I, con el letrado Timothy Otty aduciendo que el ex jefe de Estado español debería gozar de inmunidad. Como argumento nuevo ha esgrimido que, si se le despoja de inviolabilidad, un juicio al rey emérito podría causar "impacto en la dignidad del monarca actual". Y esto lo basan en la pertenencia de Juan Carlos a la Casa Real, algo que había sido rebatido por los abogados de Larsen argumentando que el rey Felipe le había retirado la asignación económica.

Los nuevos abogados de Juan Carlos han introducido conceptos morales como "dignidad" o "protección al prestigio del jefe de Estado" en sus alegatos, aunque reconocen que la dependencia económica es la mayor vara de medir de la pertenencia del rey a la Casa Real. El letrado del emérito ha recordado que este goza de un servicio de seguridad pagado por el Estado español, lo que en su criterio le confirma como miembro de la Casa Real.

Tras más de una hora de disertación del abogado defensor, ha llegado el turno del de Corinna Larsen, James Lewis, por parte de la danesa, ha tomado la palabra para emitir dos palabras: "Nada nuevo".

A pesar de la argumentada resolución (27 páginas) del juez, la defensa de Juan Carlos I insiste en que el monarca lo es por vida, forma parte de la Casa Real y la inmunidad soberana es una condición innata en él. El juez, en cambio, separa la capacidad oficial y estatal de la privada y personal, y separa también sus actividades tras la abdicación en junio de 2014, la retirada de la vida pública en 2019 y la ausencia de asignación de dinero oficial desde marzo de 2020.

En el analítico y detallado fallo, el juez pide a Corinna Larsen que aclare si Félix Sanz Roldán, acusado con Juan Carlos, actuaba como persona privada o como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En la vista señaló que los miembros del CNI, "se cogen un tiempo sabático, vienen aquí [Londres] a hacer sus actividades, y regresan a Madrid y se acaba el sabático".

El equipo de abogados de Corinna Larsen se veía ganador puesto que tenía redactado y traducido al castellano el comunicado antes de que el juez emitiera su decisión. Lo repartió tan pronto se publicó el auto. Robin Rathmell, de Kobre & Kim, otros de los abogados top que cobran cifras de cuatro dígitos por hora de trabajo, manifiesta: "La decisión es muestra de que este demandado no puede escudarse tras su posición, poder o privilegios para esquivar esta demanda. Juan Carlos de Borbón y Borbón deberá ahora rendir cuentas ante un tribunal por su conducta en tanto que particular. Este es el primer paso en el camino hacia la justicia. Los espantosos hechos de este caso se presentarán por fin ante un tribunal". Así lo desea Corinna Larsen y, de momento, le han dado la razón.

Los dos jueces y el abogado de Juan Carlos han debatido hasta la confusión los términos "familia real", "Casa Real" o "función pública o privada" para concluir que Casa Real "es un concepto, no es un espacio físico". "La ley española reconoce seis miembros de la casa real y Juan Carlos es uno de ellos", ha repetido Timothy Otty.

El pelotón judicial de Corinna, ya acostumbrado a ganar batallas contra el emérito, repartía comunicados y argumentaciones entre los periodistas. Los abogados de Juan Carlos, en cambio, andaban confundidos: Guy Martin, la estrella del equipo, dijo al finalizar que "cambiará la situación e informaremos". Antes de abrirse la vista, Martin decía en el pasillo: "¡Qué calor! Es lo único que sé decir en español".