Caso GAL, La Cal Viva que Enterró el PSOE a Lasa y Zabala

Corría el mes de enero del año 1985 cuando unos restos humanos fueron descubiertos en una fosa de Busot (Alicante) enterrados en cal viva. Aquellos restos humanos permanecieron sin identificar hasta 1995 pese a que la primera autopsia realizada la ser descubiertos los restos ya evidenciaba signos de tortura.
Diez años después, un inspector de policía de Alicante relacionó aquellos restos humanos que se guardaban desde hacía una década en el depósito de cadáveres del cementerio de Alicante con unas declaraciones sobre la cal viva que había realizado el miembro del GAL, José Amedo, y se puso en contacto con el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, y el caso se activó pese a las maniobras del Gobierno del PSOE presidido por Felipe González.

 

Había estallado el 'caso GAL'. En pocos días se identificó los restos humanos como los correspondientes a los supuestos etarras José Ignacio Lasa y José Antonio Zabala, ambos naturales de Tolosa (Guipúzcoa), desaparecidos en Bayona (Francia) en octubre de 1983.Primer crimen de los GAL

Poco después quedaría demostrado por los tribunales que el de Lasa y Zabala fue el primer acto terrorista realizado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que poco tiempo después, en noviembre, llevarían a cabo el secuestro del comerciante francés Segundo Marey en Hendaya, confundiéndolo con un etarra. El primer acto de terrorismo de estado con el PSOE de Felipe González en el Gobierno.

 Según la sentencia del caso, el 15 de octubre de ese año Lasa y Zabala, miembros de poca relevancia de la banda terrorista ETA y que apenas contaban con veinte años de edad, fueron secuestrados en Bayona por miembros del GAL, retenidos en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y siguiendo instrucciones del general Galindo, jefe del cuartel, fueron llevados al palacio de La Cumbre, en San Sebastián, donde fueron torturados.Enterrados en cal viva en Alicante

Posteriormente, y a la vista del estado en que quedaron, el general Galindo, con el conocimiento del gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elorriaga, y del teniente-coronel Ángel Vaquero, ordenó su asesinato y desaparición. Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo les llevaron a Busot (Alicante), cavaron una fosa y el primero les disparó tres tiros en la cabeza. Después los enterraron cubiertos con cal viva.

 Galindo fue condenado a 71 años de cárcel. En el año 2000 entró en la cárcel y cuatro años después estaba cumpliendo la condena en casa por motivos de salud. En 2005 le concedieron el tercer grado y en 2013 la libertad condicional. El gobernador civil Julen Elgorriaga también fue condenado a 71 años de cárcel, pero pasó en prisión menos de dos años. Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, condenados a 67 años cada uno, consiguieron el tercer grado en menos de 8 años.

El testimonio de Carrillo fue esencial. Su relato de la noche en la que a Galindo le avisan de que han caído «dos peces medianos» y su recorrido al Palacio de La Cumbre para visitarlos fue clave para la condena. Pero para llegar a ello, al juicio, para poder sentar en el banquillo a los que eran los héroes de la lucha contra ETA, fueron muchos los que se jugaron literalmente la vida.
Hablábamos de Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior. Su jefe era el todopoderoso biministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch. En pleno incendio, Robles subió al Intxaurrondo y ante Galindo y sus hombres, cuando ya la lupa policial estaba sobre ellos, les advirtió que se había acabado eso de "trabajar con red"; es decir, arropados por el Ministerio por si se les "iba la mano". Ella tomó la decisión. Ella fue la que dijo "hasta el final"... Y mientras ella tejía para ir aclarando el caso, tenía que luchar contra otra parte del Estado, que trataba de blindar a los autores del crimen, que trataba de destejer lo tejido.