30 de abril de 2008, el cuerpo de Lucía Garrido, de 35 años, fue encontrado flotando en la piscina de la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga), propiedad de su exmarido, Manuel Alonso, de quien se había divorciado años antes. Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron a la casa, comprobaron que el cadáver presentaba signos de violencia: golpes en la cabeza y un corte en el cuello. Sin embargo, estas no fueron heridas letales y el informe de la autopsia reveló que la causa de la muerte había sido por estrangulamiento. Naturalmente, ese fue el motivo por el que se descartó la hipótesis inicial del suicidio.
La finca de Los Naranjos llevaba siendo habitada por Lucía y su hija, Sara, de 11 años, desde el año 2006, cuando un juez le concedió el uso y disfrute de la vivienda tras la separación de su marido; quien, por otra parte, fue el primer sospechoso de los investigadores tras el hallazgo del cuerpo. Una sospecha que se vio rápidamente menguada en cuanto supieron que Manuel Alonso, exmarido de la víctima y padre de la menor, se encontraba a kilómetros de distancia de la escena del crimen, en Cádiz. Tenía coartada, sí, pero seguía habiendo recelo en torno a su inocencia.
La finca malagueña era para Manuel Alonso su negocio en el que su mujer trabajaba como administrativa. Por aquel entonces, el exmarido se encargaba de recibir y cuidar especies exóticas y en su casa residían animales de diversas razas: monos, leones, tigres y reptiles. Al ser su hogar, y el de su familia, los agentes de la Guardia Civil que encontraron el cuerpo de la mujer rehuyeron a la hermana de la misma, Rosa Garrido, para que no viera el cadáver de su hermana y que esperase hasta que Manuel Alonso llegara de su viaje.
Rosa Garrido fue la primera persona en llegar ante la finca después de haber sido alertada por una amiga, y no por las autoridades, de que su hermana estaba muerta. Aún así, tuvo que esperar por orden de los agentes hasta que llegara su excuñado, un momento que ella recordó, años después, con extrañeza: “Llegó con una sangre fría que era muy extraño”. En ese momento, Manuel Alonso tuvo que justificarse ante la Guardia Civil y presentó unos tickets de compra para acreditar que había estado en la ciudad de Cádiz, lejos de allí. El motivo de su viaje dijo que fueron los negocios.
Lucía vivía con temor: "Mi hermana miraba si el coche tenía las ruedas pinchadas, como si estuviera señalada por ETA. Abría la puerta de su casa y dejaba a la niña detrás de la puerta a ver si no había ningún león. Le cortó el suministro de agua, le rompió la lavadora". Una teoría que es respaldada por la doctora Paloma Peláez, quien trató a la víctima durante unos años.
En aquella sala de la doctora, Lucía confesó que estaba siendo maltratada y que sabía que algo malo le iba a pasar. Su hermana Rosa, por su parte, siempre sostuvo que Lucía fue víctima de un crimen machista; una aseveración que nunca fue respaldada por las autoridades ni las instituciones. De hecho, la víctima solicitó una orden de alejamiento contra su marido que fue rechazada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, al considerar que no estaba acreditada una situación real de riesgo. Un punto de vista que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no compartía, puesto que ya en 2018 aseguraron que la víctima hizo "todo lo que se exige a cualquier víctima de violencia de género"; interpuso hasta cuatro denuncias y pidió una orden de protección que le fue denegada. Pese a ello, la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer de Andalucía retiró la imputación formal al exmarido de Garrido al haber prescrito los delitos de malos tratos denunciados y la causa quedó archivada.
Pero ahí no acababa todo el lío judicial, ya que Lucía Garrido también denunció a su exmarido por no pagarle lo que le debía por su trabajo en el 'depósito' de animales exóticos que era la finca y por hacer uso de todo tipo de artimañas para sacarla a ella y a su hija de esa casa que habían dispuesto legalmente. Además, la buena relación que tenía Manuel Alonso con algunos agentes del Seprona le otorgaba ciertos privilegios en su negocio de animales. ¿Era ese el único negocio que dirigía en la finca?
Un año después del asesinato de Lucia Garrido, que permanecía sin resolver, sin teorías ni detenidos, se produjo otro crimen en la misma finca de Los Naranjos. Dos hombres colombianos murieron como consecuencia de los disparos a manos de Manuel Alonso, quien justificó que actuó en defensa propia después de que estos supuestos desconocidos accedieran al interior de su casa armados. Posteriormente, un informe de la Guardia Civil tumbó esta versión y recogió que aquellos hombres habían acudido a la vivienda para realizar una entrega de drogas. A raíz de estos hechos, la fiscalía del caso Garrido comenzó a trabajar en la idea de que Alonso estaba involucrado en el narcotráfico y que en su casa no solo acogía fauna. Su exmujer, Lucía Garrido, conocía estos trapicheos, entre los que estaba involucrado algún guardia civil y fue víctima de los intentos de sabotaje de su expareja (ratas muertas para contaminar el agua, no alimentar a los animales feroces...) que la sumieron en una profunda ansiedad por la que tuvo que ser tratada. Era una testigo que sabía demasiado y tenía mucho que contar; lo que, a ojos de la defensa de la familia Garrido, convertían a la víctima en el objetivo de Manuel Alonso.
En el año 2015, la denominada 'operación Telaraña', pasó a manos del SAI, desde donde averiguaron que había relación entre la muerte de Lucía Garrido y la de los dos hombres colombianos. Las pesquisas, además, los guiaron hasta un agente de la zona que podría estar implicado en los turbios negocios de Manuel Alonso. Su nombre , Amador Pérez Luque y mantenía muy buena relación con un clan de narcos que operaba en Málaga. Según las investigaciones practicadas, él ordenó el vuelco de drogas que acabó con la vida de los colombianos. Así quedó acreditado en las declaraciones de testigos protegidos y en las líneas de teléfonos pinchadas entre el exagente y los narcos.
El día 7 de noviembre del año 2023, un jurado popular declararon culpables al exmarido de la víctima como colaborador necesario del asesinato y al sicario que la mató por encargo en la tarde del 30 de abril de 2008. Según el veredicto, los dos ejecutaron el crimen con «planificación, crueldad y frialdad» para acabar con su vida.
Lucía Garrido fue asesinada por la información que manejaba. Esa es la conclusión a la que llegó el tribunal, que coincide con la principal tesis mantenida por la Fiscalía y las acusaciones particulares a lo largo del juicio: que sufrió violencia de género antes y después de que terminara el matrimonio en 2006, y que, tras la ruptura, recibió amenazas de su expareja para que se fuera de la finca de 'Los Naranjos', donde él desarrollaba actividades lícitas e ilícitas relacionadas con la cría y custodia de fieras exóticas y el tráfico de drogas.
Previo al asesinato, Manuel Alonso coaccionó de múltiples formas y por un tiempo considerable a la víctima, a quien llegó a cortar el suministro de agua y de luz, a rajar las ruedas de su coche. También ha considerado acreditado que a través de terceros contrató a un sicario para que cometiera el crimen y que le allanó el terreno retirando a los dos perros guardianes que había en la finca, ya que podrían alertar a Lucía Garrido de la presencia de extraños.
Así, en la tarde del 30 de abril del año 2008, la mujer fue sorprendida por la espalda cuando pretendía acceder a la vivienda, sin que tuviera posibilidad alguna de defenderse.
La víctima fue golpeada con un ladrillo en la cabeza, tras lo que recibió una puñalada en el cuello y fue arrastrada a la piscina, donde al cabo de unas horas, fue localizada flotando y sin vida.
El segundo procesado es quien tuvo responsabilidad en el asesinato en calidad de autor material. Una conclusión que para el jurado popular, cobró fuerza por el hallazgo de su ADN en una llave que fue localizada en la escena del crimen, lo que le situó en la finca de 'Los Naranjos'.
En el caso del exmarido, consideraron que los días previos y el del crimen se dedicó a acumular recibos de manera exagerada de varios viajes injustificados que realizó únicamente con la finalidad de situarse lejos del asesinato de Lucía Garrido para tener una versión exculpatoria.
En cuanto al otro individuo, quien explicó que ese día estuvo en Málaga capital para presentarse al carnet de conducir y que luego fue a Fuengirola al cumpleaños de su madre, el jurado ciudadano ha señalado que no ha aportado prueba alguna que demostrase que acudió a aquella reunión familiar.
Las penas correspondientes en función del delito por el que resultaron ambos declarados culpables y la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones; pero también teniendo en cuenta las que agrava la condena que, según el fiscal han apreciado los jurados, como son las de parentesco en el caso del exmarido y, las de alevosía y precio.
Asimismo, se ha referido a «la fría planificación, a la crueldad como se ejecutó este delito y a la finalidad, sobre todo, con la que se ejecutó, que era facilitar otras actividades delictivas». En este sentido, las acusaciones solicitaron 24 años de prisión para el exmarido y 22 años de cárcel para el sicario.
El ministerio fiscal pidió, igualmente, que se acordara el ingreso en prisión de ambos hombres ya que se les está solicitando casi las penas máximas de prisión, lo que «genera un riesgo importante de fuga». El presidente del Tribunal Popular acordó que se mantengan las medidas de presentación cada 15 días en el juzgado y la retirada de sus pasaportes.
Tras revisar el caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó en el año 2020 que se anulase parcialmente el veredicto y la sentencia, y únicamente mantuvo las absoluciones de los dos antiguos agentes de guardia civil, lo que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo. De ahí la repetición del juicio en el 2023.
Así lo decidió el Alto Tribunal andaluz al apreciar defectos en el procedimiento de deliberación y votación del jurado respecto a los dos investigados a los que mantuvo la acusación, ya que hubo dos puntos del veredicto en los que no se alcanzó ninguna de las mayorías legales para declararlos probados o no probados. Ello provocó lo que se denomina en el argot judicial un jurado colgado y, por lo tanto, «unas absoluciones indebidas».
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