Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid nunca se dieron por vencidos. Algunos de ellos incluso llegó a dedicar muchos de sus días libres a buscar pistas, a tratar de revivir la escena, a ponerse en la piel del asesino para tratar de averiguar cualquier cosa que ayudase a resolver el caso.
Eva Blanco, una joven de 17 años que vivía en Algete (Madrid), regresaba la noche del 20 de abril de 1997 de salir con sus amigos. Cuando estaba ya a pocos metros de su casa, alguien la abordó, la metió en un coche y se la llevó, la violó y le asestó 20 puñaladas en la espalda y en la nuca. Tras la agresión, el cuerpo sin vida de la chica fue arrojado a una cuneta situada a siete kilómetros de su domicilio.
El asesinato conmocionó a toda España. Hubo manifestaciones y muestras de solidaridad desde el último rincón del país. La mitad de los varones del municipio se ofrecieron voluntarios a colaborar con la investigación dejando que les hicieran pruebas de ADN para facilitar el trabajo a la Guardia Civil, que podía así ir descartando sospechosos. Estas pruebas nunca llegaron a realizarse porque no lo permitió el Juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz, que instruyó la causa.
Los agentes comenzaron entonces una ardua investigación de campo al más puro estilo de las películas policiacas. Había que interrogar a los sospechosos, descartar a los que tuvieran coartada y seleccionar a los que presentaban más posibilidades. Así fueron desechando a decenas de ciudadanos hasta quedarse con uno, A. C. G., que había abandonado España en 1999, dos años después del asesinato.
Eva Blanco, una joven de 17 años que vivía en Algete (Madrid), regresaba la noche del 20 de abril de 1997 de salir con sus amigos. Cuando estaba ya a pocos metros de su casa, alguien la abordó, la metió en un coche y se la llevó, la violó y le asestó 20 puñaladas en la espalda y en la nuca. Tras la agresión, el cuerpo sin vida de la chica fue arrojado a una cuneta situada a siete kilómetros de su domicilio.
El asesinato conmocionó a toda España. Hubo manifestaciones y muestras de solidaridad desde el último rincón del país. La mitad de los varones del municipio se ofrecieron voluntarios a colaborar con la investigación dejando que les hicieran pruebas de ADN para facilitar el trabajo a la Guardia Civil, que podía así ir descartando sospechosos. Estas pruebas nunca llegaron a realizarse porque no lo permitió el Juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz, que instruyó la causa.
Los agentes comenzaron a indagar en el entorno de la familia y de los amigos, donde en la mayor parte de los casos suele estar el culpable en este tipo de delitos. En concreto, investigaron a los 20 chicos que conformaban el grupo de la joven, lo que provocó que la operación se denominara Pandilla. Sin embargo, poco a poco fueron abriendo el abanico, ya que descubrieron que el autor del crimen conducía un coche y los chavales aún no tenían el carnét. La Guardia Civil interrogó a los padres, a los compañeros de trabajo de éstos últimos, a sus compañeros de clase, a los profesores, incluso a los policías que trabajaban en la zona.
No encontraron pistas determinantes en ningún sitio. La investigación se situó en un punto muerto, pero los miembros del Grupo de Homicidios nunca echaron la llave del cajón que almacenaba la carpeta con el caso de Eva Blanco. Siguieron con los ojos abiertos, preguntando, rastreando cualquier atisbo de pista que pudiera surgir y que hiciera avanzar las pesquisas, solicitando la colaboración ciudadana.
La gente respondía, decenas de personas llamaban por teléfono a la Comandancia para aportar lo que creían que eran datos que servirían a la causa. Hasta cien líneas de investigación diferentes llegaron a abrir los agentes en ese tiempo de enormes dificultades y frustraciones profesionales.
Finalmente llegó el rastro correcto. El Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela elaboró un minucioso análisis de las muestras de ADN extraídas del cuerpo de la joven. En concreto del semen que introdujo el violador. El estudio, realizado en colaboración con miembros del Servicio de Criminalística dio como resultado un perfil genético del asesino.
Hasta ese momento, al no haber sospechoso identificado, no se podía cotejar el ADN del violador hallado en la chica con ninguna persona. La novedosa utilización del sistema realizado por los investigadores de la Universidad de Santiago ofreció datos que resultaron de enorme utilidad para la causa. El informe científico resolvió que el asesino era un hombre de rasgos norteafricanos que presentaba unas características determinadas.
Afortunadamente y gracias a ese espíritu de esperanza que mantuvieron los agentes durante los 18 años que duró la investigación, los responsables del Grupo de Homicidios guardaron el censo de la localidad de Algete de 1997, el año en el que se produjo el homicidio. Había 300 hombres marroquíes que podían cumplir con el perfil ofrecido por el ADN. Eran muchos todavía y el tiempo apremiaba, ya que apenas quedaban dos años para que prescribiera el delito.
Los agentes comenzaron entonces una ardua investigación de campo al más puro estilo de las películas policiacas. Había que interrogar a los sospechosos, descartar a los que tuvieran coartada y seleccionar a los que presentaban más posibilidades. Así fueron desechando a decenas de ciudadanos hasta quedarse con uno, A. C. G., que había abandonado España en 1999, dos años después del asesinato.
El hombre vivía en Algete cuando se produjeron los hechos. Se dedicaba a hacer trabajos esporádicos en el sector de la construcción, de la albañilería o del transporte. Tras huir de la localidad madrileña, se instaló en Francia, se casó y tuvo tres hijos. Allí fue detenido en Pierrefontaine Les Varans, gracias también al testimonio de su hermano que vivía en Algete cuando tuvo lugar el asesinato y que aún residía allí. El perfil genético desarrollado por la Universidad de Santiago apuntó al hermano, que fue quien derivó finalmente a los agentes hacia el detenido.
El asesino pasó a ser puesto a disposición del Juzgado número 4 de Torrejón, cuando apenas quedaban 16 meses para que prescribiera el delito del asesinato que durante 18 años ha mantuvo en vilo a toda una población.
La jueza de Instrucción 4 de Torrejón de Ardoz (Madrid) acordó el archivo de la causa seguida por el asesinato de Eva Blanco en la localidad madrileña de Algete en 1997 tras la muerte del único procesado por estos hechos, Ahmed Chelh Gerj, encontrado ahorcado en su celda de la cárcel de Alcalá Meco.
La magistrada adoptó esa decisión después de recibir del Registro Civil de Alcalá de Henares (Madrid) el certificado de defunción de Ahmed Chelh Gerj, cuyo cadáver fue encontrado en el citado centro penitenciario, donde esperaba la celebración del juicio por la causa en la que estaba acusado de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.
La magistrada adoptó esa decisión después de recibir del Registro Civil de Alcalá de Henares (Madrid) el certificado de defunción de Ahmed Chelh Gerj, cuyo cadáver fue encontrado en el citado centro penitenciario, donde esperaba la celebración del juicio por la causa en la que estaba acusado de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.
En un auto la jueza explicó que "conforme establece el artículo 130.1 primero del Código Penal la responsabilidad criminal se extingue por la muerte del reo". La jueza imputó a Ahmed Chelh delitos castigados con hasta 46 años de prisión en un auto dictado el mismo día que el sospechoso se ahorcó en la cárcel de Alcalá Meco.
Fue el 29 de enero de 2016 cuando la juez dio traslado a las partes a primera hora de la mañana, como tenía previsto, de los autos de transformación de las diligencias previas en sumario y de procesamiento del encausado, con lo que el juzgado ponía fin a la instrucción de un caso que comenzó dieciocho años atrás. Pero poco después, Ahmed apareció ahorcado con los cordones de sus zapatillas en su celda.
En el auto de procesamiento, la magistrada Marta Gala García aseguró que había "datos suficientes" para imputar al acusado de los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, castigados con una pena máxima de hasta 46 años de prisión.
Fue el 29 de enero de 2016 cuando la juez dio traslado a las partes a primera hora de la mañana, como tenía previsto, de los autos de transformación de las diligencias previas en sumario y de procesamiento del encausado, con lo que el juzgado ponía fin a la instrucción de un caso que comenzó dieciocho años atrás. Pero poco después, Ahmed apareció ahorcado con los cordones de sus zapatillas en su celda.
En el auto de procesamiento, la magistrada Marta Gala García aseguró que había "datos suficientes" para imputar al acusado de los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, castigados con una pena máxima de hasta 46 años de prisión.
Además, fijó una fianza de 200.000 euros para el acusado, a quien le daba un plazo de 24 horas para entregar esa cantidad y le advirtió de que de lo contrario se procedería al embargo inmediato de sus bienes.
La magistrada acordó su procesamiento atendiendo, principalmente, a la "sólida prueba genética existente" que concluye que había semen del investigado en la vagina, la boca y la ropa interior de la víctima.
Asimismo añadió, los indicios se desprendían de toda la labor de investigación policial, los informes médico forenses, las testificales y periciales así como la declaración judicial del investigado.
La magistrada acordó su procesamiento atendiendo, principalmente, a la "sólida prueba genética existente" que concluye que había semen del investigado en la vagina, la boca y la ropa interior de la víctima.
Asimismo añadió, los indicios se desprendían de toda la labor de investigación policial, los informes médico forenses, las testificales y periciales así como la declaración judicial del investigado.
En su comparecencia, el presunto autor del crimen negó ante la jueza que matara a Eva Blanco y aseguró que dos personas le obligaron a subir a un coche y eyacular sobre ella, aunque no supo dar respuesta al por qué se halló ADN suyo en el cuerpo de la mujer.
La jueza solicitó a la cárcel un informe detallado de las circunstancias del fallecimiento de Ahmed Chelh y que le diera cuenta del cumplimiento del protocolo de prevención de suicidios, cuya aplicación acordó en el auto de prisión provisional del 9 de octubre de 2015.
La jueza solicitó a la cárcel un informe detallado de las circunstancias del fallecimiento de Ahmed Chelh y que le diera cuenta del cumplimiento del protocolo de prevención de suicidios, cuya aplicación acordó en el auto de prisión provisional del 9 de octubre de 2015.
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