3.000 euros, con 16 asignaturas y duración de un año,así hasta 200 policías nacionales realizaron un CURSO en Criminología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
para facilitar de manera "ágil y rápida" su acceso fraudulento a puestos de nivel
30 (subdirector), el máximo nivel dentro de la administración pública. El Sindicato Alternativa Policial
(SAP) registró una denuncia en la Fiscalía de Móstoles en la que
insta a que se investiguen “los hechos cometidos por la URJC y la
Dirección General de la Policía consistentes en la creación de un curso,
limitado en cuanto a su duración y créditos, con el único objetivo de que
las escalas superiores de la policía, inspectores y comisarios,
obtuvieran de una manera fraudulenta una titulación
suficiente y necesaria para ascender a los más altos cargos de la
administración policial”. Desde Dirección General de la Policía se
aseguró que "no consta ninguna irregularidad en el marco de ese convenio
con esa universidad" que se firmó en 2014 y se mantuvo durante dos
años.
El origen de este curso está en la resolución de un juzgado de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional de 2012 en la que se ordenaba el cese del jefe superior de policía del País Vasco, Fernando Amo, por considerar que no contaba con la titulación exigida para ejercer su cargo. Esa sentencia, provocada por el recurso de un inspector contra ese nombramiento, propició que desde la Dirección General de la Policía, a cuyo frente se encontraba entonces Ignacio Cosidó, se llegase a un acuerdo con esa universidad, ahora enmarañada en los escándalos del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y del Secretario General del PP , Pablo Casado. La idea era crear un grado habilitante para acceder a esos puestos superiores en el cuerpo.
“Era una manera de complementar nuestros estudios con un grado y un número determinado de créditos para poder cumplir el requisito de la titulación que se nos exigía”, aseguraba un policía que realizó el curso. “Nos preparábamos a distancia, pero los exámenes eran presenciales, además de presentar varios trabajos a lo largo del año y por cuatrimestres”.
El mar de fondo de esta historia es que durante mucho tiempo no se exigió en la policía una titulación universitaria. Hasta que en el año 1986 se hizo obligatorio tener una licenciatura para ser Inspector de Policía. Los mandos de la Policía recurrieron a este curso equivalente al Grado en Criminología, porque además la Ley de Personal del 2015 obligaba a disponer de un título de graduado o similar para acceder a puestos de alta responsabilidad. Es decir, "podían pasar de tener el bachillerato a un grado universitario en un año", explica un portavoz de ASP.
El resultado es que “muchos inspectores se encontraban con algunos mandos (comisarios de la época anterior) que no tenían esa titulación que a ellos sí se les había exigido”. Desde la Dirección General de la Policía “se animó a la realización de ese curso tanto a no licenciados como a licenciados”. De hecho, hay policías licenciados que lo tienen porque “se hizo creer que había que tener ese grado específicamente con esa universidad para progresar dentro del cuerpo”.
En todo caso, el curso en cuestión estaba avalado por la Agencia ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), del ministerio de Educación, pero dejó de ofrecerse después de dos años porque dudaban de que fuesen suficientes esos créditos para otorgar el grado. En la misma Universidad Rey Juan Carlos existe hoy un grado en Criminología con cuatro años de duración y 240 créditos.
La denuncia presentada por el sindicato SAP en la Fiscalía dice que “el curso solo duró dos años y desapareció porque el Ministerio de Educación puso en duda su escaso contenido curricular y duración, pese a lo cual se concedía con su realización on line un título de grado universitario”.
El origen de este curso está en la resolución de un juzgado de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional de 2012 en la que se ordenaba el cese del jefe superior de policía del País Vasco, Fernando Amo, por considerar que no contaba con la titulación exigida para ejercer su cargo. Esa sentencia, provocada por el recurso de un inspector contra ese nombramiento, propició que desde la Dirección General de la Policía, a cuyo frente se encontraba entonces Ignacio Cosidó, se llegase a un acuerdo con esa universidad, ahora enmarañada en los escándalos del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y del Secretario General del PP , Pablo Casado. La idea era crear un grado habilitante para acceder a esos puestos superiores en el cuerpo.
“Era una manera de complementar nuestros estudios con un grado y un número determinado de créditos para poder cumplir el requisito de la titulación que se nos exigía”, aseguraba un policía que realizó el curso. “Nos preparábamos a distancia, pero los exámenes eran presenciales, además de presentar varios trabajos a lo largo del año y por cuatrimestres”.
El mar de fondo de esta historia es que durante mucho tiempo no se exigió en la policía una titulación universitaria. Hasta que en el año 1986 se hizo obligatorio tener una licenciatura para ser Inspector de Policía. Los mandos de la Policía recurrieron a este curso equivalente al Grado en Criminología, porque además la Ley de Personal del 2015 obligaba a disponer de un título de graduado o similar para acceder a puestos de alta responsabilidad. Es decir, "podían pasar de tener el bachillerato a un grado universitario en un año", explica un portavoz de ASP.
El resultado es que “muchos inspectores se encontraban con algunos mandos (comisarios de la época anterior) que no tenían esa titulación que a ellos sí se les había exigido”. Desde la Dirección General de la Policía “se animó a la realización de ese curso tanto a no licenciados como a licenciados”. De hecho, hay policías licenciados que lo tienen porque “se hizo creer que había que tener ese grado específicamente con esa universidad para progresar dentro del cuerpo”.
En todo caso, el curso en cuestión estaba avalado por la Agencia ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), del ministerio de Educación, pero dejó de ofrecerse después de dos años porque dudaban de que fuesen suficientes esos créditos para otorgar el grado. En la misma Universidad Rey Juan Carlos existe hoy un grado en Criminología con cuatro años de duración y 240 créditos.
La denuncia presentada por el sindicato SAP en la Fiscalía dice que “el curso solo duró dos años y desapareció porque el Ministerio de Educación puso en duda su escaso contenido curricular y duración, pese a lo cual se concedía con su realización on line un título de grado universitario”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario