Corren tiempos donde la seguridad y los miembros del cuerpo nacional de policía y guardia civil estan teniendo jornadas de extrema dificultad ppr culpa de la sociedad violenta actual existente, con un alto índice de inmigrantes descontrolados. En sus actuaciones por asegurar las diferentes situaciones donde ha surgido problemas, han sufrido innumerables agresiones, pero la tendencia nos muestra que los miembros de la vigilancia de seguridad ha pasado de ser agredidos a ser agresores.
Un año después de los acontecimientos de 2023, que terminó con 15 personas en el hospital de Cáceres tras la actuación de los vigilantes de la empresa de seguridad del festival Sehivipro, el festival Extremúsika no dió explicaciones públicas sobre esos hechos, pero sí ha censurado los comentarios relativos a los mismos en sus redes sociales. Las víctimas de aquellos hechos interpusieron denuncias y hay un procedimiento judicial abierto.
El juzgado de lo Social nº 7 de Valencia dictaminó que Sureste Seguridad vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical en el aeropuerto de Manises (Valencia).
Todo ocurrió con las elecciones al comité de empresa en el Aeropuerto de Valencia, siendo que Sureste Seguridad negó el derecho a voto al Comité de Empresa de los aproximadamente 180 Vigilantes de Seguridad del Aeropuerto.
Ante tal situación desde ATES iniciaron las actuaciones judiciales pertinentes para que se estableciera que Sureste Seguridad vulneró el derecho a la libertad sindical en el Aeropuerto de Valencia y se condenó a Sureste a pagar por sus actos. Particularmente ésta empresa de seguridad está realizando actos de prácticas de tortura que constituye un parámetro de delito de discriminación hacia el colectivo de personas en situación de exclusión social y que por motivos de distinta índole, son sintechos que no tienen otra opción que pernoctar en áreas públicas como los aeropuertos, en Madrid , en la terminal T4 del aeropuerto internacional de Barajas, Grupo Sureste con ayuda de la empresa de limpieza Serveo, realizan estas exigencias inhumanas de obligar a levantar a éstas personas que no tienen dónde ir a horas tan intempestivas como las cuatro de la madrugada sin razon ni excusa que lo justifique ya que hay carencia de actividad tanto aeroportuaria como ciudadana, unos hechos punibles que hace que Grupo Sureste esté nuevamente en procedimiento judicial junto a Serveo.
Y repulsa la actuación de los miembros de la empresa de seguridad SEGURISA, del Grupo Sagital, que haciendo un uso de la fuerza desmedida propinaron, entre otras actuaciones reprochables, una paliza a una persona en situación de sinhogarismo que no quiso o no pudo identificarse en el metro de Bilbao. Una empresa de seguridad no está autorizada a exigir la identificación y mucho menos a actuar fuera de las instalaciones donde presta sus servicios ni tampoco ordenar el movimiento, despertar y exigir el traslado de las personas de un recinto público, ya sea el centro comercial, metro, estaciones de transporte público, aeropuertos y plazas.
En la grabación se puede ver cómo el inspector jefe de la empresa agrede a una persona que está en situación de sinhogarismo, mientras que el resto de vigilantes participan en el ataque a instancias de este, inmovilizándolo, dándole patadas y humillándolo.
Según datos de HATENTO, el 47% de las personas en situación de sinhogarismo sufre incidentes o delitos de odio por aporofobia. Más del 80% de estas personas dicen haberlo sufrido más de una vez. Además, una de cada tres personas dice haber recibido insultos y vejaciones y una de cada cinco agresiones físicas.
Desde el Observatorio HATENTO consideramos de extrema gravedad este tipo de incidentes, dado que el papel de este servicio de seguridad privada debería ser el de velar por la seguridad de todas las personas usuarias del transporte público y lugares públicos. Además, este tipo de acciones de odio solo profundizan la espiral de exclusión de derechos a la que se ven sometidas las personas en situación de sinhogarismo.
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